Pero la subordinación del poder militar al poder civil conlleva a su vez responsabilidades mutuas que no siempre parecen estar claras. Al respecto menciona Pizarro (1994):
Si uno de los fundamentos centrales de un régimen democrático es el de la subordinación militar al poder civil, este último debe ejercer un papel fundamental en el diseño y la conducción de la política militar, lo cual exige un conocimiento de las fuerzas militares, su historia, sus aspiraciones, su autoimagen.
En el mismo sentido, enfatizando la necesaria responsabilidad que tendrían las élites políticas de orientar la política de defensa y seguridad y, por supuesto, de conducir políticamente la guerra si esta llegare a presentarse, se expresa Desportes (2000):
El derecho del político a conducir la guerra le confiere deberes y responsabilidades: en primer lugar, el de definir finalidades, carácter y medios de la guerra […]. A la política igualmente determinar el carácter del conflicto, su intensidad y la naturaleza de los medios empleados.
Clausewitz (1999), a su vez, plantea con gran claridad la necesaria subordinación de lo militar a lo político:
[…] subordinar el punto de vista político al punto de vista militar sería absurdo, porque es la política la que ha creado la guerra. La política es la guía razonable y la guerra simplemente el instrumento, no a la inversa; no hay otra posibilidad que subordinar el punto de vista militar al punto de vista político.
Lo anterior tiene una lógica explicativa que sintetiza muy bien Desportes (2000) cuando señala que “la política existe antes de la guerra, ella se continúa a través de la guerra en la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas y continúa después de la guerra; en ningún momento su curso es interrumpido”.
Esta perspectiva es compartida por analistas de diversas tendencias y en distintos momentos históricos, y se remonta a un autor clásico como Sun Tzu, quien considera que “la guerra es un sujeto de importancia vital para el Estado […] en la conducción de las operaciones, el buen general no debe buscar su interés personal, sino servir, al contrario, los de sus jefes políticos” (Desportes, 2000).
También los analistas marxistas se ocuparon del asunto y, posteriormente, la doctrina militar soviética:
Lenin y los primeros teóricos revolucionarios adhieren a la idea de la interacción permanente de la política y la guerra […] Lenin considera que “la guerra está en el corazón de la política… ella es parte de un todo y ese todo es la política” […]. “Las cuestiones de estrategia militar, de estrategia política y económica están íntimamente ligadas en un conjunto común”. (Desportes, 2000)
Vincent Desportes (2000) señala cómo esta concepción, que es uno de los fundamentos de la democracia, es generalizada en el pensamiento occidental: “La idea de la subordinación de lo militar a lo político está fuertemente arraigada en el pensamiento occidental; ella constituye en sí misma uno de los fundamentos de la idea democrática”; y, citando a Charles de Gaulle, señala: “El gobierno no debe ni dejar al comando militar asegurar la conducción general de la guerra, ni mezclarse en las operaciones militares, ellas mismas” (Desportes, 2000).
Pero igualmente anota las dificultades inherentes a la subordinación de lo militar a lo civil, tales como:
El control político no se da siempre per se. El peso de la institución, su natural rigidez administrativa, pueden hacer su control difícil. Es decir, el sentimiento generalmente compartido por los militares de ser a la vez herederos y responsables de la perennidad de una herramienta relevante, más para la nación que para el Estado, de una parte, la especificidad de la técnica militar que hace su comprehensión delicada y sus razones difíciles a juzgar por personalidades exteriores, de otra, no facilitan la subordinación política. (Desportes, 2000)
Lo anterior evidencia una de las tensiones siempre presentes en la relación entre poder civil y militar. En síntesis, el poder del Estado se fundamenta en una mezcla de consenso y coerción (cuya expresión máxima, pero no la única, es la guerra), por lo que este debe ser ejercido dentro de un marco legal y con un nivel aceptable de eficacia. Para su materialización, las fuerzas armadas son una institución fundamental, que en un régimen democrático deben estar subordinadas al poder político civil, que tiene el derecho y el deber de orientarlas y conducirlas políticamente en su actuación.
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