Institucionalización y evolución del racismo en los Estados Unidos
En esta instancia, es importante clarificar qué entendemos por “racismo institucional” y como se convirtió en parte inherente del estado y sociedad estadounidenses. Stokely Carmichael y Charles Hamilton, destacados líderes del Student Non-Violent Coordinatting Committee (SNCC) y referentes del Poder Negro, acuñaron el término en 1967 para referir a “los actos de toda la comunidad blanca contra la comunidad negra” que se originan en el predominio y activa pervivencia de actitudes, prácticas y políticas originadas “en el funcionamiento de fuerzas establecidas y respetadas de la sociedad” que perpetúan la subordinación de los negros.59
Por “racismo institucional” referimos a la capacidad de las clases dominantes de, en distintos momentos históricos, utilizar todas las herramientas del poder local y nacional para llevar a la práctica y perpetuar una ideología racial que les permita mantener a los grupos “racialmente inferiores” en situación de opresión, manteniendo y preservando la dominación, privilegio y acceso a los recursos de los sectores dominantes60. Cuando la ideología racial se convierte en parte integral de las estructuras económicas, políticas y sociales del estado, y domina las prácticas sistemáticas de instituciones públicas y privadas, empresas y del mercado de trabajo, hablamos de racismo institucional.
El caso estadounidense representó un estadio superior en la institucionalización del racismo. Marable afirmó que los Estados Unidos evolucionaron históricamente hasta devenir en un Estado Racista-Capitalista: un estado cuya estructura socio-económica y política se caracteriza por ser eminentemente racista, capitalista y comprometida con una forma de democracia burguesa limitada.61 En este tipo particular de estado, el racismo se “institucionaliza” con el objeto no sólo de preservar y perpetuar el privilegio y poder de la clase dominante, blanca por antonomasia, sino de asegurar la acumulación de capital. El racismo, una construcción con lógica propia, es parte inherente y se encuentra profundamente enraizada en la estructura política, socio-económica y cultural estadounidense:
Los límites de nuestra propia piel se convierten en el crudo punto de partida para negociar el acceso al poder y a los recursos en una sociedad construida en base a jerarquías raciales. A lo largo de varios siglos, se construyó una montaña de desventajas acumuladas, un gran monumento a la búsqueda de la desigualdad y la injusticia que para la mayoría de los negros estadounidenses es el sello característico de nuestra “democracia”.62
Este estado racista-capitalista perpetúa y continuamente reproduce el racismo, la ideología racial y diferentes nociones de raza (incluso creando nuevas categorías) convirtiéndolo en estructural, sistémico y manifestándolo a través de sus instituciones. En esta misma línea interpretativa, Michael Omi refiere a esta institucionalización del poder en términos raciales como un poder racializado y a la importancia de discernir entre la relación entre raza y racismo, estando atentos a las transformaciones en la naturaleza del “poder de la raza”. Según Omi, la distribución del poder y su expresión en las estructuras, ideologías y prácticas en distintos niveles institucionales, se encuentra “significativamente racializado” en la sociedad estadounidense. “Así, los cambios en lo que a raza implica son indicativos de las reconfiguraciones en el carácter del poder racializado y hacen hincapié en la necesidad de cuestionar conceptos específicos del racismo”63.
Marable refiere a cómo la institucionalización de este “poder racializado” se da a través de la sanción de leyes que determinaron las categorías raciales en la sociedad estadounidense. En lo que se nos presenta como una interesante conjunción entre los postulados de Morgan y Fields, Marable sostiene que antes de la revolución de independencia las leyes coloniales buscaron perpetuar la supremacía de la clase dominante. Su propósito ulterior era el de suprimir a la clase baja de trabajadores y pequeños agricultores, tanto blancos como negros, y preservar el poder de la élite local de plantadores y comerciantes. Dado que en el proceso la mayoría blanca también fue privada de sus derechos políticos por no cumplir con los mínimos requisitos de propiedad, “blancos y negros pobres a veces cooperaron entre sí para desafiar al statu quo político conservador. La Revolución dividió profundamente a la élite colonial blanca y desató un movimiento popular y democrático entre las clases bajas”.64
En este contexto de lucha de clases, la institucionalización del racismo se produjo rápidamente. En la Convención Constituyente de 1787 se determinó, en lo que fue el Compromiso de los 3/5, que por cuestiones impositivas y de representación política, un esclavo sería considerado “como 3/5 de un hombre libre”.65 La Constitución se encargó luego de proteger los derechos de la clase esclavista, condonando y legalizando tanto la esclavitud como el comercio de esclavos: en su artículo 1, sección 9, estipuló que “la migración o importación de personas que cada estado considere apropiado admitir no será prohibida antes del año 1808, aunque se podrá imponer un impuesto a esta importación, que no excederá los 10 dólares por persona”. La esclavitud no solo quedó legalizada sino que se la reforzó, al fomentar el incremento del comercio de esclavos antes 1808 cuando se abría la puerta a su posible prohibición. Por su parte, el artículo 4 allanó el camino para la sanción de las leyes de esclavos fugitivos de 1783, al exigir la devolución a su dueño de todo esclavo recapturado, y prometió asistencia federal a los estados en los que se sucedieran rebeliones de esclavos.
Seguidamente, en 1790, una ley limitó el derecho de naturalización sólo a “personas blancas libres” de “buen carácter moral”, excluyendo a libertos, esclavos, y más adelante, inmigrantes de origen asiático66, y en 1792 se sancionaron las primeras leyes segregacionistas específicamente dirigidas a negros libres. Gradualmente la mayoría de los estados limitaron o vedaron los derechos electorales de los negros libres que aún gozaban de esa prerrogativa, e incluso se les prohibió ejercer ciertas actividades económicas, oficios y profesiones: se les negó el derecho a adquirir tierras, se les prohibió hospedarse en hoteles y comer en restaurantes. Se impusieron requisitos de propiedad y alfabetización para dificultarles el ejercicio de sus derechos políticos, y en algunos estados como Pensilvania e Indiana directamente se les prohibió votar. En 1805, Maryland inhibió a los negros libres de vender trigo, maíz o tabaco sin una licencia estadual, atentando contra su fuente de trabajo y progreso económico. En 1807, Ohio aprobó una ley obligando al empadronamiento de los negros previo pago de 500 dólares, lo que condujo a que muchos abandonaran el estado. Solo podían contraer matrimonio con autorización previa, se les prohibió demandar a, o testificar contra, personas blancas, se determinó legalmente que las mujeres esclavas “no podían ser violadas” (avalando situaciones de violencia de género y criminalizando posibles denuncias o acciones legales). Algunos estados como Alabama aprobaron leyes que ordenaban dar 100 latigazos a cualquier esclavo que supiera leer o escribir, e impusieron restricciones para imposibilitar el derecho al voto y la afiliación sindical.
Si bien la tendencia no podía ser más clara, el sistema se reforzó con un fallo de la Suprema Corte Federal de Justicia que, a mediados del siglo XIX, sentó precedente e implicó un verdadero hito en la racionalización y legitimación de la teoría de inferioridad racial de los negros. En 1857, en Dred Scott vs Sandford, directamente se negó el derecho de ciudadanía a los negros, fueran o no esclavos. Este caso es históricamente emblemático porque ofreció una definición restrictiva de ciudadanía