En tercer lugar, el desarrollo de la política cultural tras su institucionalización tiene que ver con la transformación del Estado y sobre todo de la cultura a partir del último tercio del siglo XX. Al mismo tiempo, se amplía enormemente, gana peso económico y centralidad social, llegando a entrelazarse de mil maneras con la dinámica socioeconómica. Por su parte, el Estado experimenta también cambios sustanciales, pues pierde soberanía y se hace más complejo e interdependiente (Held, 1997). El resultado, respecto a la política cultural, es que ésta se reestructura. En relación con las transformaciones que han tenido lugar en la cultura, surgen nuevos ámbitos de intervención (industrias culturales, moda, diseño, etc.) y nuevos objetivos de carácter extrínseco: social y económico. Se trata de un nuevo tipo de política cultural: una política de desarrollo.
Por último, el tercer principio enunciado hace referencia al horizonte de análisis que se postula como apropiado para el estudio sociológico de las políticas culturales. Según Rodríguez Morató (2012), el foco de un análisis sociológico de la política cultural debería situarse en el espacio social e institucional que la genera y apuntar, a partir de ahí, a los intereses y a las ideas que la motivan y a los efectos que produce. El espacio social e institucional de la política cultural habría de concebirse, encuadrado por las coordenadas que lo constituyen –las de la cultura y el Estado, y por lo tanto las del espacio social de la cultura y el espacio social de la política– siendo especificado como el universo compuesto por las instituciones y los actores públicos que intervienen en la regulación social de la cultura, más las instituciones y los actores privados o del Tercer Sector que ejercen algún tipo de influencia directa sobre ellos. Este espacio, en el que el poder político y la administración son siempre centrales, tiene formas y contornos maleables, en función de las transformaciones que experimentan los contextos que los configuran.
El espacio de la política cultural, por último, se concibe estructurado a partir tres coordenadas: la sectorial, la territorial y la público-privada. A lo largo de la primera de ellas, la sectorial, se sitúan los ámbitos sectoriales de política pública de los que se ocupa o puede ocuparse la política cultural (las artes, el patrimonio, la cultura popular, las industrias culturales, el deporte, la lengua, la comunicación), así como otros con los que ésta puede relacionarse (la educación, la juventud, el turismo, la inmigración, el desarrollo territorial, etc.). A este respecto, la política cultural de un poder público se caracteriza por tener una configuración sectorial particular, en la medida en que incluye unos determinados ámbitos y excluye otros, y se relaciona más o menos con los que excluye o con otros que no son de carácter propiamente cultural. Una segunda coordenada es la territorial. Ahí se sitúan los diversos niveles territoriales desde los cuales se interviene políticamente en la cultura. Estos van desde las instancias globales, como la UNESCO, y europeas, como el Consejo de Europa o la Unión Europea, hasta las estatales, regionales y locales. A lo largo de la coordenada territorial se organiza, así, esta interacción de las diversas instancias gubernamentales y administrativas que intervienen en la política cultural, dando lugar a un sistema de acción concreto (Crozier y Friedberg, 1977). Por último, la coordenada público-privada es la que va de los actores públicos (cargos públicos, técnicos y profesionales de la administración y de las instituciones culturales públicas), a los actores privados (asociaciones profesionales, creadores, gestores y empresarios culturales) y del Tercer Sector (fundaciones y asociaciones culturales). Estos actores se ven cada vez más implicados en una variedad de fórmulas de gobernanza (consejos, consorcios, patronatos, planes estratégicos, etc.), de modo que también en este caso, como en el de la coordenada territorial, la variable de la articulación resulta analíticamente crucial. Esta triple estructuración del espacio de la política cultural es el que hemos tomado como referencia, mediante la elaboración de diversos sociogramas, a la hora de analizar en detalle el espacio de la política cultural valenciana.
1.2El estudio del fenómeno en España
Por la propia naturaleza de sus objetivos y del ámbito al que se dirige, en su evolución la política cultural se caracteriza en todas partes por su creciente complejidad (Cherbo y Wyszomirski, 2000): complejidad estructural y relacional, por una parte, en cuanto que la política cultural tiende a ejercerse cada vez más a partir de un complejo sistema multinivel y desde una lógica de gobernanza más que de gobierno; y complejidad sustantiva también, por la creciente multiplicidad de objetivos que con ella pretenden alcanzarse (desde la conservación y la difusión cultural, al fomento de la diversidad y a la regeneración o la promoción territorial) (Bianchini, 1993; Corijn, 2002). Por lo que se refiere a la característica complejidad estructural y relacional de la política cultural, España constituye sin duda un caso paradigmático.
Este variado panorama de estudios, teorías y metodologías para el análisis de la política cultural en el extranjero no se ha desarrollado de igual modo en España. Aquí se pueden encontrar trabajos de índole jurídica muy relevantes (Prieto de Pedro, 1993; Fossas, 1990), pero puramente limitados a su propia disciplina. Los ha habido también de carácter económico, como las aportaciones de Rausell (1999) o Bonet (2001), que se han centrado en las dinámicas presupuestarias. También han existido trabajos más centrados en ámbitos comunicacionales e institucionales (Zallo, 1995, 1997, 2001). Con todo, no han existido trabajos con una visión más comprensiva de todos los aspectos del tema, si bien se han publicado obras divulgativas o de carácter práctico (Fernández de Prado, 1991; López de Aguileta, 2000).
Desde la sociología, sin embargo, hace tiempo que se intenta trascender este panorama tan fragmentario y poco analítico. De hecho, varios trabajos incluidos en el volumen de síntesis de Bonet y Négrier (2007) así lo demuestran. Deben mencionarse, al respecto, los trabajos pioneros de Giner (1996) sobre la política cultural en Cataluña, o las contribuciones de Bouzada en el ámbito gallego (1989) y español (1998). En 1998, Salvador Giner y Arturo Rodríguez Morató iniciaron una amplia investigación sobre La dinámica cultural barcelonesa. En ella la política cultural fue analizada en tanto que elemento estructurante –uno de los principales– de la dinámica cultural contemporánea, la cual se concibe sobre una base predominantemente urbana (Rodríguez Morató, 2001a, 2001b, 2003). En el contexto de ese trabajo surgió la idea de llevar a cabo una investigación sistemática sobre la configuración y la dinámica de la política cultural en España. El proyecto avanzó a partir de entonces en una doble dirección. Por una parte, se iniciaron una reflexión colectiva por parte de algunos de los miembros del equipo, tratando de sentar las bases para desarrollar una visión sistémica y compleja de la política cultural en España, acorde con las perspectivas teóricas y metodológicas desarrolladas internacionalmente en la materia. Esta reflexión se plasmó en una ponencia conjunta que fue presentada, en una primera versión, en el X Congreso Español de Sociología y, tras una ulterior elaboración, también en Alicante, donde se publicó (Ariño, Bouzada y Rodríguez Morató, 2005). Y por otra, se intentaron emprender