El segundo grupo incorporaba a corruptos varios alrededor de negocios específicos: universidades de mala calidad en proceso de cierre y poderes locales de menor cuantía. El interés era particular: bloquear los cierres de esas universidades de mala calidad, así como cualquier intento de racionalización de negocios variados como el transporte público o interprovincial; favorecer el extractivismo ilegal minero y forestal, y un largo etcétera. Este grupo no estaba articulado más allá de la defensa de intereses propios, y no dialogaba mucho con el primer grupo, pero la vacancia les convenía, pues les dejaba el terreno libre en el Congreso al asegurar la complacencia del Ejecutivo en funciones.
El tercer grupo fue el de los tontos útiles: la izquierda parlamentaria —con específicas y encomiables excepciones— y el partido teocrático FREPAP, los que plantearon su voto como una lucha frontal contra la corrupción; no quisieron o no pudieron darse cuenta de que lo único que hacían era entregarles el país a los dos primeros grupos.
Como anota Martucelli (2021), un dato importante es la heterogeneidad de la coalición golpista. Estamos ante una confluencia de intereses que son percibidos como negativos / malignos / delincuenciales sin que necesariamente se tenga una comprensión perfecta de cómo y por qué esta coalición existe. Pero no se duda de que exista. Lo que de alguna manera hizo el golpe palaciego fue llevar a primer plano lo que hasta entonces era una suerte de escenografía ineludible, pero que no era propiamente el argumento central del gobierno: los corruptos están ahí, hay que tolerarlos, pero algo se hace, no siempre pueden hacer lo que les da la gana, los peores no gobiernan. Pero resulta que esta vez sí, querían gobernar.
¿Fue eso lo que colmó el vaso? Tal vez. Lo cierto es que el vaso se colmó, aunque sea difícil saber cómo o por qué. La performance de los que tomaron el control del aparato del Estado fue una confirmación contundente de las terribles limitaciones reales que la coalición golpista tenía para manejar el país.
Merino de Lama, al ser presidente del Congreso, debía asumir la responsabilidad presidencial; si se hubiera negado o hubiera intentado moderar los avances de los vacadores, es posible que la crisis no hubiera ocurrido; fue con su anuencia que la situación llegó a los extremos que alcanzó. El procedimiento de vacancia fue apresurado y casi casual en su manera de plantearse: apenas un par de meses antes se había intentado sin éxito otra vacancia. El motivo, la incapacidad moral, fue más un pretexto y una excusa: no hay una definición clara de tal condición, y debido a que fue resultado de un proceso acelerado y sin una gran crisis política de por medio, creaba el antecedente de sacar presidentes solo por componenda entre grupos políticos. El contraste con el caso más parecido del pasado reciente, la vacancia de Alberto Fujimori en 2000 deja en claro la diferencia de situaciones: Fujimori renunció por fax luego de ir a una conferencia completamente innecesaria en medio del colapso de su régimen; casi exactamente veinte después, Vizcarra controlaba el Estado, seguía en su puesto, y no mostraba indicio alguno de intención de huir2.
Al darle el control del Estado a Merino de Lama, los golpistas dejaron en claro que el manejo estaría en manos del primer grupo, con el segundo al servicio del golpe a cambio de la tolerancia a sus intereses en el Congreso. El tercer grupo, tontos útiles finalmente, quedó fuera del todo. Además, consolidado el panorama político así, se tenía un gobierno parlamentario.
Políticamente, la justificación de la vacancia era tenue; era además la segunda intentona, y estaba claro que más allá de las razones planteadas respecto a las acciones del presidente Vizcarra, la opinión pública no sentía necesidad alguna de cambio de mando y veía con desconfianza los motivos de los promotores de la vacancia. Sumemos a eso que el segundo grupo no tenía nada que ofrecer en términos políticos como justificación del golpe de Estado, mientras el primero se envolvía en argumentos inviables. Pretextar la lucha anticorrupción o la defensa de los intereses del pueblo no tenía sentido alguno frente a la percepción que existía sobre sus acciones pasadas y presentes.
Estábamos entonces ante una situación nada inusual en la historia del país, pero que no ocurría hacía mucho: el golpe palaciego. Sin darle importancia a la legitimidad política o al respaldo social, grupos específicos de representación de intereses privados optaron por producir una crisis política. Por qué razón asumieron que a nadie le importaría y que todo se reduciría a quejas aisladas, nadie lo sabe. Lo cierto es que luego de meses opresivos de restricciones por la pandemia, y de completa desconexión entre el poder legislativo y cualquier forma organizada de representación política masiva, los que promovieron el golpe palaciego no esperaron necesitar legitimidad, y se sorprendieron de que eso fuera importante.
Las protestas fueron inmediatas: la noche del mismo lunes, cuando se tomó la decisión en el Congreso, ya ocurrían en pequeña escala, y su crecimiento fue enorme y sin parar. No solo era una cuestión de legalidad o legitimidad en abstracto, sino que la claridad con que se estaba actuando en favor de intereses en medio de una crisis de escala existencial como la pandemia, dejó sin piso a los grupos que favorecían el golpe. Se trataba del uso formal de la legalidad para lograr objetivos políticos particulares, por parte de grupos políticos que carecían de representatividad y eran percibidos de manera casi unánime como corruptos, más allá de que pudieran recibir votos en elecciones varias. Agrupaciones políticas que han intentado plantear una relación transaccional con el electorado, a través de medidas que son populares pero no son parte de narrativa alguna (para no hablar de ideologías políticas), y que no producen lealtad entre los electores.
Las protestas no solo fueron «en redes», ni tampoco solo callejeras. Los cacerolazos, acción común pero habitualmente limitada en su adopción, poco a poco fueron volviéndose contundentes. La incapacidad política del presidente en funciones fue acompañada por la necedad ancestral del designado primer ministro, Ántero Flores Aráoz, alguien que aparte de representar a las clases privilegiadas limeñas más arcaicas, jamás fue un político especialmente hábil, y que ahora no parecía tener idea de por qué alguien habría de oponerse al golpe palaciego. Su designación el martes 10 inició un proceso de búsqueda de ministros para completar el gabinete, que serviría, en teoría, como señal de normalidad.
El escenario quedó claro muy rápido: el golpe palaciego no tenía capacidad alguna de convocatoria, y la indignación era masiva. No era la primera vez que el poder formal cedía ante las protestas luego de que la represión no alcanzara. Esto lo han aprendido todos los gobiernos desde el año 2000: su fragilidad y la carencia de legitimidad hacen fácil que las protestas masivas los hagan retroceder, en muchos casos sin que los gobernantes entiendan por qué ocurre tal cosa. Tales fueron los casos, por ejemplo, de Conga, los llamados «Arequipazo», y «Moqueguazo», Bagua, Pomac o la ley pulpín. Pero siempre se había tratado de problemas distantes de Lima o de relativa pequeña escala, y la combinación de retroceso y represión bastaba para que el gobierno de turno continuara, con mucho menos poder, pero continuara al fin. Además, no existía un elemento reivindicativo claro, sino que se expresaba indignación de manera más general, ante la acción y ante la clase política misma.
A lo largo de estas crisis se fueron revelando múltiples instancias de corrupción en diversas escalas. Hay que recordar que todos los presidentes electos del Perú desde 1990 están encarcelados, procesados o han huido de la justicia de distintas maneras3. En un país así, no es que sorprenda un político corrupto, y se puede esperar cierta indolencia frente a denuncias por corrupción; pero tampoco es que exista alguien que pueda reclamarse como incorruptible, y que los grupos ya mencionados promovieran un golpe palaciego con el pretexto de la corrupción era casi una broma. Las protestas entonces pueden ser entendidas no como defensa del presidente vacado, sino contra el pastiche de legalidad usado para justificar lo que se veía como mera angurria de poder; la debilidad consuetudinaria de los gobiernos peruanos también era un factor a considerar.
Tras dos días de protestas relativamente pequeñas, la escala cambió. El jueves 12 juramentó el gabinete de ministros, pero lo más importante fue la protesta masiva a nivel nacional, que fue reprimida con brutalidad innecesaria por parte de la policía, especialmente en Lima (figura 1). En memorables declaraciones, Flores Aráoz dijo: «Quiero comprender